Derecho Contractual

El artículo 1257 CC. Principio de relatividad contractual

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Cuando estudiamos el derecho civil contractual es de observancia obligatoria la existencia de algunos principios o reglas generales que se constituyen en base y fundamento de toda relación jurídica contractual. Una de estas reglas procede del bocardo latino “Res inter alios acta vel iudicata, alteri nec prodest, nec nocet” (“Lo hecho o juzgado entre partes, ni beneficia ni perjudica a terceros”), aunque suele acotarse como “res inter alios acta” .

Esta expresión viene referida al carácter relativo del contrato o principio de relatividad contractual y viene a significar que las obligaciones que nacen de un contrato son meros derechos personales y, como tales, solo son exigibles entre las partes contratantes y, por tanto, no tienen eficacia frente a terceros o “erga omnes”. 

La aplicación de este principio supone que los contratos únicamente tienen efectos entre las partes, sin que puedan beneficiar o perjudicar a los terceros ajenos a la relación contractual. Así lo refleja el art. 1.257 del Código Civil:


" Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley. Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido "


La consecuencia de este principio es que, salvo excepciones - como es el caso de la doctrina del levantamiento del velo de las personas jurídicas -, los efectos de un contrato solo son oponibles a aquellos que los suscribieron o a sus herederos, si los derechos y obligaciones derivados del contrato son transmisibles. De este modo, los terceros ajenos a la relación contractual quedan al margen de las cuestiones derivadas de la interpretación, cumplimiento o ejecución del contrato que no negociaron ni suscribieron.

Esta es una regla elemental y una protección necesaria de la libertad de los sujetos de derecho. Todos los sistemas jurídicos admiten el principio de la relatividad contractual, hasta el punto que se puede pensar que se trata de un principio universal. No obstante, la doctrina del Tribunal Supremo ha perfilado el principio de relatividad de los contratos al exigir que el mismo no sea aplicado de una forma general y abstracta, sino de un modo concreto y muy preciso - vid. STS de 11 de abril de 2011 y 28 de marzo de 2012.

La verdadera intríngulis del precepto señalado es la determinación de los sujetos que son parte en el contrato y quienes son terceros ajenos, y que efectos produce el contrato respecto de las partes y los terceros. En principio, la relatividad contractual viene a significar que los contratos sólo producen efectos entre las partes, ya sea que hayan intervenido, directa o personalmente en el contrato, o que hayan figurado en él por medio de un mandatario. Por tanto, la eficacia del contrato se despliega entre las partes que lo celebran y sus herederos, salvo, en cuanto a éstos, que los derechos y obligaciones que procedan del contrato no sean transmisibles o por su naturaleza o por pacto, o por disposiciones de la ley y que los efectos no son oponibles frente a terceros.

La doctrina jurisprudencial recoge el principio de relatividad contractual contenida, apreciando la falta de legitimación de aquellos que no han sido parte en el contrato, aun cuando pudieran pertenecer a un mismo grupo empresarial - vid. STS de 15 de marzo de 2007, 13 de abril de 2011, 22 de febrero de 2012, 25 de febrero de 2013 y 20 de diciembre de 2017, entre otras.

La STS de 19 de junio de 2006 señala que:


"Si el contrato es considerado como una manifestación de la autonomía privada en orden a la reglamentación de los propios intereses, resulta claro que dicha reglamentación ha de afectar, en línea de principio tan sólo a la esfera jurídica de sus autores, porque sólo respecto de ellos por hipótesis la autonomía existe". Lo mismo se deduce, también, del Art. 1091 Código Civil al estipular que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismo. "


La STS de 11 de abril de 2011 argumenta que: 


"El artículo 1257 del Código civil establece como principio general que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan, de modo que en general no puede afectar lo estipulado en todo contrato a quien no intervino en su otorgamiento (SSTS de 23 de julio de 1999, 9 de septiembre de 1996). Por ello si el contrato es considerado como una manifestación de la autonomía privada en orden a la reglamentación de los propios intereses, resulta claro que dicha reglamentación ha de afectar, en principio, tan solo a la esfera jurídica de sus autores, porque sólo respecto de ellos la autonomía existe."


A tenor de lo expuesto, puede afirmarse que la relatividad contractual es un principio básico del Derecho civil español, cuyo fundamento se basa en el hecho de que los contratos deben afectar únicamente a quienes los acuerdan. No obstante, conviene advertir que en el propio art. 1.257 CC se establecen las primeras excepciones a este principio y la doctrina jurisprudencial ha ido perfilando otras con el transcurso del tiempo, constituyéndose como límites al precepto citado. 

En efecto, el artículo 1257 CC establece como excepción al principio de relatividad contractual, que las partes pueden otorgar un contrato a favor de tercero o incluir estipulaciones en beneficio de un tercero. Asimismo, en diferentes leyes de nuestro orbe jurídico, se introducen otras excepciones a este principio de relatividad contractual: por ejemplo, a través del reconocimiento de las acciones directas de los artículos 1.552, 1.597 y 1.722 del Código Civil, y del artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro o mediante la introducción de reglas de aplicación a los “contratos vinculados” en materia de crédito al consumo (artículos 24, 26 y 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo). 

No obstante, la cuestión de las excepciones al principio de relatividad contractual serán tratadas de forma separada en otros trabajos. 

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