Derecho Contractual

La Acción de deslinde y reivindicatoria: concepto y diferencias en la jurisprudencia del Tribunal Supremo

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De forma extraordinariamente somera, en la tradición jurídica las perturbaciones que afectan al ejercicio de las facultades dominicales, suelen ser combatidas por nuestro ordenamiento jurídico mediante una serie de mecanismos en aras de la debida protección y tutela de los derechos de sus legítimos propietarios. Las acciones tendentes a la defensa de estos derechos son, entre otras, la acción reivindicatoria y la acción de deslinde. 

La acción reivindicatoria aparece regulada en el párrafo segundo del artículo 348 del Código Civil, al disponer: "el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla". Esta acción permite al propietario reclamar la entrega de la cosa que le pertenece y que se halla en la posesión o, lo que es lo mismo, en poder de alguien que carece de título para poseerla. El ejercicio de la acción reivindicatoria ante los Tribunales exige la concurrencia de tres requisitos: 1º.- Ser titular legítimo del dominio sobre el inmueble. 2º.- La falta del derecho a poseer del demandado que la está poseyendo. 3º.- La total identidad del bien reivindicado, su situación, cabida y linderos. 

La acción de deslinde está reconocida en el art. 384 del Código Civil, al disponer: "todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad con citación de los dueños colindantes" y cualquier comentario lo remitimos al post que hace tiempo tuvimos ocasión de publicar. 

La diferencia entre la acción de deslinde y la acción reivindicatoria consiste en que ésta última persigue la recuperación de la posesión de la finca de quien indebidamente la posee, mientras que la acción de deslinde se dirige a la individualización de la finca, a delimitarla físicamente, buscando sus contornos y fronteras, sin pretender obtener la restitución de ninguna parte de la misma. A mayor abundamiento cabe la posibilidad de la acumulación de estas dos acciones en un mismo procedimiento, en el supuesto de que además de pretender reivindicar una finca, no se encuentre bien delimitada y sean confusos sus linderos. 

Ahora bien, ahondando un poco más en los aspectos diferenciales de estas dos clases de acciones, la reciente STS de 9 de marzo de 2015, siendo Ponente D. Xavier O'Callaghan Muñoz, explicita y conceptualiza la naturaleza de estas dos acciones dominicales y los presupuestos objetivos para su legítimo ejercicio.

En el Fundamento Jurídico 2.1 el tribunal analiza con rigor la acción de deslinde y amojonamiento de esta forma: 

“(…) Desde el punto de vista del derecho civil, el deslinde y amojonamiento se puede estudiar como una de las facultades del dominio -la de exclusión- o desde el punto de vista de la extensión en sentido horizontal del derecho de propiedad o -cuando se pretende judicialmente por el ejercicio de una acción- como un aspecto de la protección del derecho de propiedad. La facultad de deslinde está reconocida en el artículo 384, que consiste en la operación de marcar los límites entre dos o varias fincas: la acción de deslinde requiere que haya confusión de límites de forma que no se tenga conocimiento exacto de los mismos, y no es viable si las fincas están perfectamente identificadas y delimitadas. El Código civil proporciona al juez unos criterios para decidir los conflictos de límites, en grado de subsidiariedad: en primer lugar, según los títulos; en su defecto, por la posesión (art. 385), o cualquier medio de prueba, y en último lugar, por distribución proporcional (artículos 386 y 387 ).

Asimismo, es preciso añadir que la acción de deslinde está separada de la reivindicatoria. Aquélla requiere la titularidad dominical indubitada respectiva por parte del demandante y demandado sobre predios colindantes y confusión de sus linderos. Esta pretende la declaración de propiedad y recuperación de la posesión, respecto a cosa perfectamente identificada.

En el presente caso, ni hay titularidad dominical indubitada, sino que ello se pretende en este proceso (hasta ahora denegada), ni hay confusión de linderos, porque han sido correctamente señalados en un deslinde administrativo, hace más de una década, que llegó a la jurisdicción sin éxito en la oposición (por razón de un desistimiento). Así, la sentencia de 14 mayo 2010 es clara: 

"El artículo 384 CC viene a sentar el derecho de todo propietario a obtener el deslinde de su finca mediante la correspondiente acción que habilita para solicitar la delimitación exacta de su propiedad inmobiliaria por medio de la determinación de la línea perimetral de cada uno de los predios limítrofes. Es una acción que presenta caracteres propios, aun cuando pueda ir o no unida a una reivindicatoria, y presupone confusión de límites o linderos de las fincas, no procediendo cuando los linderos están claramente identificados; y que, obviamente, interesa a los propietarios de fincas que están en linde incierta o discutida y no a los demás." 

Seguidamente, en el F.J. 2.2 dispone que el segundo de los motivos de este recurso (impugnación de la desestimación de la acción reivindicatoria basada en el deslinde administrativo y mantenimiento de que la fe pública registral no ampara los datos de hecho) se funda en los artículos 348 y 350 del Código civil sobre la acción reivindicatoria y en la jurisprudencia, que mantiene que no ampara la fe pública registral los datos de hechos registrales.

En cuanto a la acción reivindicatoria, se ha desestimado en la instancia no sólo, como se dice en este motivo, por razón del deslinde administrativo, sino porque no concurren los presupuestos básicos de la misma. En primer lugar, no ha probado la parte demandante sus títulos de propiedad sobre la franja de terreno reclamada, que la sentencia de instancia declara -como se ha transcrito- que pertenece al Ayuntamiento y así consta por lo menos desde 1960 y posteriormente ha sido transmitida a terceros. En segundo lugar, el Ayuntamiento demandado, aunque no ha ejercido reconvención, tiene la propiedad acreditada registralmente, de esta franja de terreno que forma parte de su finca, de mucha mayor superficie. En tercer lugar, el reivindicante no ha acreditado la identificación de esta franja, "total y sin dudas", "no ofrezca duda alguna", como exigen las sentencias de 14 marzo 2005 , 14 noviembre de 2006 , 5 noviembre 2009 ; ni tampoco la identidad, como prueba de que el terreno que reclama es el mismo que posee el demandado, como dicen las sentencias de 25 mayo 2000 y 21 noviembre 2005 , con cita de numerosas anteriores. Basta repasar el texto que ha sido transcrito de la sentencia de la Audiencia Provincial para comprender, ante los cambios que se han sucedido, que no cabe identificación ni identidad de la porción reclamada, ante la poca o nula seguridad que ofrece la descripción de la finca propia.

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